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Peritaciones Judiciales

Los ámbitos de actuación de un perito judicial son los siguientes:
Civil Penal Contencioso - Administrativo Sancionador de Consumo Arbitrales

Peritaciones Inmobiliarias

Se hacen peritaciones inmobiliarias de:

-PISOS -TORRES, CASAS -SOLARES -INDUSTRIAS

Las peritaciones se envían por SEUR 10 o por e-mail.
El precio va en función de la peritación y de los desplazamientos que sean necesarios.

Ámbito Civil

La prueba pericial, con la atual Ley de Enjuiciamiento Civil, vuelve a ser considerada como un medio de prueba cuando se necesiten unos conocimientos específicos y determinados, así en el artículo 355 "Objeto y finalidad del dictamen de peritos. Juramento o promesa de actuar con objetividad" dispone:

Cuando sean necesarios conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o circumstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos, las partes podrían aportar al proceso el dictament de peritos que posean los conocimientos correspondientes o solicitar, en los casos previstos en la ley, que se emita dictamen por perito designado por el tribunal.
Al emitir el dictamen, todo perito deberá manifestar, bajo juramento o promesa de decir verdad, que ha actuado y, en su caso, actuará con la mayor objetividad posible, tomando en consideración tanto lo que pueda favorecer como lo que sea susceptible de causar perjuicio a cualquiera de las partes, y que conoce las sanciones penales en las que podría incurrir si incumpliere su deber como perito.

Según el artículo 299 "Medios de Prueba", el dictamen pericial es un medio de prueba al disponer:

Interrogatorio de las partes.
Documentos públicos.
Documentos privados.
Dictament de peritos.
Reconocimiento Judicial.
Interrogatorio de testigos.

Ámbito Penal

En la fase de sumario cuando el juez considere necesario un experto en determinada materia, acordará el informe pericial, por ello el artículo 456 especifica: "El juez acordará el informe pericial cuando, para conocer o apreciar algún hecho o circunstancia importante en el sumario, fuesen necesarios o convenientes conocimientos científicos o artíticos." El juez no exige, como sí se hace en los procesos civiles, que los peritos sean titulados, así en el artículo 457 dispone: "Los peritos pueden ser o no titulares. Son peritos titulares los que tienen título oficial de una ciencia o arte cuyo ejercicio esté reglamentado por la Administración. Son peritos no titulares los que careciendo de título oficial, tienen, sin embargo, conocimientos o práctica especiales en alguna ciencia o arte." Ahora bien, el Juez sí prefiere a los titulados que a los no titulados, artículo 458: "El Juez se valdrá de peritos titulares con preferencia a los que no tuviesen título." En este procedimiento se exige que el número de peritos sea dos, artículo 459: "Todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos. Se exceptúa el caso en que no hubiese más de uno en el lugar y no fuere posible la llegada de otro sin graves inconvenientes para el curso del sumario." La comunicación del nombramiento está sujeta a lo dispuesto en el articulado de la Ley, según dispone el artículo 460: "El nombramiento se hará saber a los peritos por medio de oficio, que les será entregado por alguacil o portero del Juzgado, con las formalidades prevenidas para la citación de testigos, reemplazándose la cédula original, para los efectos del artículo 175, por un atestado que extenderá el alguacil o portero encargado de la entrega."

Ámbito Contencioso - Administrativo

La actuación del perito en los procesos contencioso - administrativos que viene regulada por la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, define muy pocos aspectos procesales pues se remite a la normas generales establecidas para los procesos civiles, salvo casos muy concretos, así en la disposición final primera "Supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil", especifica: "En lo no previsto por esta Ley, regirá como supletoria la de Enjuiciamiento Civil." Es importante conocer los órganos que integran el orden jurisdiccional contencioso - administrativo, para que el perito sepa de los Juzgados o Salas a través de los cuales puede ser requerido para la elaboración del dictamen pericial; así el artículo 6 del mismo cuerpo legal antes citado dispone que sean: Juzgados de lo contencioso-administrativo. Juzgados centrales de la contencioso-administrativo. Salas de lo contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia. Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiciencia Nacional. Salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Ámbito Sancionador de Consumo

El artículo 51.1 de la Constitución del 27 de diciembre de 1978, dispone que los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Es por ello, por lo que cuando se vulneran las normas y disposiciones que defienden al consumidor en las distintas materias, la administración actúa mediante el proceso sancionador correspondiente. El Real Decreto 1945/1983, del 22 de junio, por el que se regulan las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agro-alimentaria, clasifica las infracciones posibles en materia de consumo, entre las cuales están las que se relaciona con el tema que nos ocupa, esto es, según el artículo 3 (infracciones en materia de protección al consumidor): "3.1.2. La elaboración, distribución, suministro o venta de bienes cuando su composición o calidad no se ajusta a las disposiciones vigentes o difiera de la declarada y anotada en el registro correspondiente." Hay que tener en cuenta que las infracciones que estamos definiendo son de tipo administrativo, totalmente independientes de las del tipo civil, penal o de otro orden, así lo dispone el artículo 32 de la ley 26/1984, del 19 de julio, general para la defensa de los consumidores y usuarios.

Ámbito Arbitral

Normativa Reguladora. Cada vez es más frecuente en las relaciones personales y jurídicas en evitación de juicios y letigios la remisión al sistema arbitral, mediante cláusulas o convenios arbitrales, es decir, las partes, "compromitentes", deciden someter a arbitraje una controversia o discrepancia existente, compromiso, o futura, cláusula compromisoria. El cuerpo legal que regula este sistema arbitral es la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de arbitraje, que adecúa nuestro sistema jurídico la ley modelo sobre arbitraje comercial internacional, de 21 de junio de 1985, elaborada por la comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional, recomendada por la asamblea general en su resolución 40/72 de 11 de diciembre de 1985, que manifiesta la conveniencia de que todos los estados, una vez examinada dicha ley modelo, uniformice su derecho procesal arbitral. El legislador parte del propósito de dotar de una mayor agilidad al sistema jurídico, que aprueba la ley 60/2003 de arbitraje como continuación de la reforma legislativa iniciada con la ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil.
Apartados de actuación en procedimientos arbitrales:
Arbitraje institucional y privado. Nombramiento de árbitros. Abstención y recusación de los árbitros. Sustitución de los árbitros. Provisión de fondos. Competencia, confidencialidad y actuaciones arbitrales. Designación de peritos por los árbitros y por las partes. Laudo arbitral. Guía del reglamento del sistema arbitral de consumo.